Se abordaron las acciones urgentes de seguridad de las mujeres víctimas de violencia.
En un trabajo interinstitucional para sistematizar y adecuar el marco jurídico en favor de las mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) participó en el conversatorio denominado “El procedimiento de ordenes de protección, alcances y retos”.
El encuentro organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) reunió a magistrados, consejeras, jueces, presidentas municipales, direcciones de seguridad pública municipal, personal de la PGJE y de dependencias estatales.
Durante el conversatorio se abordó el fundamento jurídico para consolidar la aplicación del mismo para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero principalmente el reconocimiento como un instrumento fundamental para la aplicación de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo fue identificar con las y los funcionarios el fundamento jurídico de las Órdenes de Protección e Involucrar a las instituciones en el análisis del Protocolo para la Aplicación de las Órdenes de Protección en el Estado, a fin de realizar las adecuaciones pertinentes para impulsar su ejecución.
Durante su participación el titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez comentó a los asistentes que las Órdenes de Protección son actos de urgente cumplimiento en función del interés y seguridad de las personas víctimas de violencia, de carácter precautorias y cautelares.
“Se decretan inmediatamente después de que la autoridad competente conoce de probables hechos constitutivos de violencia, es decir las órdenes de protección son medidas precautorias, cautelares, personalísimas e intransferibles, dictadas por parte de las autoridades competentes, que tienen como objeto primordial la adopción de acciones urgentes de seguridad a favor de las personas víctimas de violencia” expuso.
Esta fundamentación dijo va de la mano con la actuación de las corporaciones policiacas, el Agente del Ministerio Público, entre otros, que son los encargados de fusionar la información y emitir un fallo a favor de las víctimas, el cual está totalmente basado en hechos probatorios que faciliten una procuración de justicia.
De esta manera los asistentes conocieron la fundamentación jurídica de las órdenes de protección y la diferencia con las medidas de protección, en aras de fortalecer las acciones que beneficien a las mujeres que son víctimas de violencia o de cualquier otro delito.
Al evento asistieron la magistrada Mary Cruz Cortes Ornelas, el Secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, entre otros.
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