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PROTECCIÓN JURÍDICA A COMPRADORES DE COMERCIO ELECTRÓNICO, PROPONE SENADORA MINERVA HERNÁNDEZ


  1. 14.3 por ciento de las compras en línea no se completan por una sospecha de fraude, dijo

A fin de incrementar las medidas de protección a los consumidores involucrados en el comercio electrónico, la senadora Minerva Hernández Ramos presentó una iniciativa para adicionar un Artículo 9 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El proyecto de decreto de Hernández Ramos plantea crear la figura de “proveedor intermediario”, es decir, la persona física o moral que opera el sistema de información mediante el cual pone en contacto a terceros proveedores con consumidores para que realicen transacciones comerciales.

“El ‘proveedor intermediario’ responderá frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de su derecho a repetir contra terceros proveedores que resulten responsables”, indicó la legisladora.

De acuerdo a datos del estudio Plataformas Digitales y Competencia en México 2018, realizado por la OCDE, las plataformas de comercio electrónico en México experimentan un incremento en sus negocios, sin embargo, los negocios minoristas están aún lejos de las economías más desarrolladas, comentó.

Si bien nuestro país muestra una baja penetración del comercio electrónico al ser comparado con los líderes del segmento como Estados Unidos o China, se registra una coincidencia en varios indicadores que muestran una tendencia en aumento, lo que representa un futuro muy prometedor para las ventas en línea, resaltó la senadora panista.

“En 2016, el valor del comercio electrónico en México se calculó en más de 17 mil millones de dólares; tuvo un aumento de 28.3 por ciento en comparación con 2015. Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, menos del 2 por ciento del volumen total de las operaciones al menudeo se realiza en línea”, informó la secretaria de la Comisión de Hacienda.

Además, agregó, el 14.3 por ciento de las compras en línea no se completan por una sospecha de fraude; aproximadamente el doble comparado con países como Brasil (7.6 por ciento) y Argentina (6.3 por ciento).

“En caso de incumplimiento por parte de los proveedores, la Procuraduría Federal del Consumidor ha dado a conocer que poco se puede hacer para sancionar a las plataformas digitales que ofrecen diferentes servicios. Reconoce que existen lagunas legales en la materia por lo que se busca la regularización de este tipo de operaciones”, destacó.

En este contexto, concluyó, se precisa que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-Mec), recién ratificado en el Senado de la República, existen las provisiones legales relativas a la protección al consumidor en las que se estableció la importancia de que los Estados parte adopten medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores que participen del comercio digital y frenar prácticas fraudulentas o engañosas.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.


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